Ayer hice una exposición en clase titulada "El Tribunal Constitucional y su independencia política". Era un trabajo para el que teníamos plena libertad a la hora de escoger un tema, y a mi me pareció interesante y oportuno elegir éste.
Voy a poner aquí el último apartado del trabajo, el de las conclusiones, que es bastante largo de por sí, de modo que he de intentar evitar hacer una introducción al texto excesivamente extensa. Sólo quiero apuntar que llegué a estas conclusiones después de leer noticias y artículos de opinión relacionados con el TC y que criticaban sus actuaciones y dudaban de su independencia ya desde sus inicios; también busqué la opinión de expertos constitucionalistas y, entre otros, leí, cómo no, a Pérez Royo, así como a Pérez Tremps, magistrado recientemente recusado por el PP para conocer sobre el Recurso al Estatuto de Autonomía de Cataluña, quien me contestó por email unas preguntas. Por último, me puse en contacto con políticos de la mayoría de partidos que se encuentran representados en el Congreso de los Diputados, obteniendo respuestas por parte de varios de ellos.
Con esto, llegué a unas conclusiones que a continuación transcribo: (para quien esté dispuesto a leerlas, que sepa que son casi dos páginas en formato Word, de modo que, aun no siendo infinito el texto, sí puede acabar resultando un "tostón", que diría aquél. Ánimo y gracias)
V. CONCLUSIONES
Vivimos en un país que, como siempre se ha dicho, es completamente bipolar. Un país que arrastra desde hace años la lacra de “la división entre las dos Españas” y en el que, por tanto, hay una creencia general de que todo el mundo está de un bando o de otro. No se admiten las medias tintas. O se es un “facha” o se es un “rojo”. O se es “conservador” o se es “progre”. O se es, parece ser, partidario del PP, o se es del PSOE.
Esta facilidad para poner etiquetas, tan característica de este país nuestro, no respeta ni a aquellos a quienes se les puede y se les debe presumir toda neutralidad ideológica. Los magistrados del Tribunal Constitucional son un claro ejemplo. Es muy probable que los juristas de reconocido prestigio que acceden al órgano encargado de velar por el cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna tengan sus propias convicciones personales. Es algo irremediable. Pero no es eso lo que se ha de juzgar. No es por las creencias de los magistrados por lo que se les debe tachar de progresistas o de conservadores.
Los magistrados del Tribunal Constitucional, en caso de ser juzgados por la opinión pública, deben serlo por su labor a la hora de interpretar la Constitución, por su modo de dictar resoluciones, como decía García Calvo en su discurso ante el Congreso, por cómo han aplicado la Ley a lo largo de su carrera judicial, en el caso de que provengan de ésta.
¿Por qué razón se aseguran resultados de las resoluciones antes de que éstas se produzcan? ¿Por qué se da por sentado que tal magistrado votará en tal sentido por pertenecer a tal corriente? ¿No existe la independencia en el Tribunal Constitucional? ¿No parece que estén empeñados en hacernos ver que los magistrados actúan por y para favorecer a quien les dio su asiento en el Tribunal?
Evidentemente, la culpa no es sólo de los medios de comunicación. La actuación de los partidos políticos en este sentido, por lo general, es muy poco respetuosa con la independencia del Tribunal Constitucional. Si ellos, que en definitiva fueron quienes crearon esa institución, no la respetan, ¿cómo pretenden que el conjunto de la ciudadanía crea en su imparcialidad?
Ya lo dicen políticos como Duran i Lleida, Anasagasti, Llamazares e incluso, “de refilón”, Jesús Caldera: existe un intento por parte de las fuerzas políticas dominantes de ejercer influencia sobre el Tribunal Constitucional. El juego de recusaciones de magistrados en el que han entrado los partidos políticos en los últimos tiempos no es sino la última muestra visible de cómo se pretende, como hemos indicado ya en este trabajo, lograr en el Tribunal Constitucional la mayoría que no se logra, bien en las urnas, bien en las decisiones en el Congreso de los Diputados. El hecho de pretender “quitarle magistrados al enemigo” de forma tan descarada no puede en absoluto contribuir a dar una imagen al ciudadano de disponer de un Tribunal Constitucional independiente que vela por, entre otras cosas, sus derechos reconocidos en la Constitución.
Igualmente, la difusión de unas imágenes en las que la Vicepresidenta del Gobierno habla en tono agresivo a la Presidenta del Tribunal Constitucional durante el desfile de las Fuerzas Armadas también resta credibilidad a quienes hablan de un Órgano Constitucional ajeno a toda presión política.
Pocos son los que defienden que el Tribunal Constitucional es realmente independiente. Los juristas especializados en Derecho Constitucional, prácticamente. Pérez Royo, Pérez Tremps o Zagrebelsky hablan de un órgano, el Tribunal Constitucional, que no se enmarca exclusivamente en el ámbito del Derecho, sino que tiene un carácter político y, por tanto, es ahí donde consideran comprensible, que no recomendable, que exista cierta presión por parte de la opinión pública y las fuerzas políticas sobre el magistrado constitucional.
Pero ellos, los constitucionalistas y algún que otro político, defienden la integridad de las personas que ocupan los cargos de magistrados. Entienden que su amplia experiencia jurídica es un aval que garantiza que actuarán con la debida diligencia. El hecho de que sean cargos no renovables es otro punto a su favor. Los magistrados están nueve años y, en principio no deben responder ante nadie, una vez elegidos no hay vuelta atrás.
Pero parece ser que los constitucionalistas no dan con todas las soluciones. El Tribunal Constitucional, emulando a la mujer del César, no sólo debe ser independiente, sino que debe parecerlo.
¿Qué se puede hacer para lograr que el Tribunal tenga una mayor independencia? ¿Qué soluciones conceden una mayor confianza en la no interferencia del poder político en el Tribunal Constitucional?
En mi opinión, el número impar de miembros del Tribunal es importante, por la descarga de responsabilidad que supone, como arguye UPD en su programa electoral, para el presidente, liberado así de tener que hacer valer su voto de calidad.
Asimismo, considero básico modificar el sistema de cuotas para la elección de los magistrados. Que no baste con el apoyo de los dos partidos mayoritarios para confirmar a los candidatos.
Por último, creo que es imprescindible un ejercicio de conciencia por parte de los partidos políticos y de los medios de comunicación, en el que se llegue a un consenso para lograr una mayor diligencia a la hora de tratar los asuntos relacionados con el Tribunal Constitucional, de modo que no se pueda frivolizar sobre resultados de resoluciones y, principalmente, que no se haga uso del recurso de inconstitucionalidad sin la debida fundamentación jurídica, sin la convicción de que lo que se recurre es realmente inconstitucional y no sólo una opción que nos desagrada; en definitiva, siendo leales a la Constitución y a la institución encargada de interpretarla y de velar por su cumplimiento.
Antonio Gordillo Fernández de Villavicencio
Vivimos en un país que, como siempre se ha dicho, es completamente bipolar. Un país que arrastra desde hace años la lacra de “la división entre las dos Españas” y en el que, por tanto, hay una creencia general de que todo el mundo está de un bando o de otro. No se admiten las medias tintas. O se es un “facha” o se es un “rojo”. O se es “conservador” o se es “progre”. O se es, parece ser, partidario del PP, o se es del PSOE.
Esta facilidad para poner etiquetas, tan característica de este país nuestro, no respeta ni a aquellos a quienes se les puede y se les debe presumir toda neutralidad ideológica. Los magistrados del Tribunal Constitucional son un claro ejemplo. Es muy probable que los juristas de reconocido prestigio que acceden al órgano encargado de velar por el cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna tengan sus propias convicciones personales. Es algo irremediable. Pero no es eso lo que se ha de juzgar. No es por las creencias de los magistrados por lo que se les debe tachar de progresistas o de conservadores.
Los magistrados del Tribunal Constitucional, en caso de ser juzgados por la opinión pública, deben serlo por su labor a la hora de interpretar la Constitución, por su modo de dictar resoluciones, como decía García Calvo en su discurso ante el Congreso, por cómo han aplicado la Ley a lo largo de su carrera judicial, en el caso de que provengan de ésta.
¿Por qué razón se aseguran resultados de las resoluciones antes de que éstas se produzcan? ¿Por qué se da por sentado que tal magistrado votará en tal sentido por pertenecer a tal corriente? ¿No existe la independencia en el Tribunal Constitucional? ¿No parece que estén empeñados en hacernos ver que los magistrados actúan por y para favorecer a quien les dio su asiento en el Tribunal?
Evidentemente, la culpa no es sólo de los medios de comunicación. La actuación de los partidos políticos en este sentido, por lo general, es muy poco respetuosa con la independencia del Tribunal Constitucional. Si ellos, que en definitiva fueron quienes crearon esa institución, no la respetan, ¿cómo pretenden que el conjunto de la ciudadanía crea en su imparcialidad?
Ya lo dicen políticos como Duran i Lleida, Anasagasti, Llamazares e incluso, “de refilón”, Jesús Caldera: existe un intento por parte de las fuerzas políticas dominantes de ejercer influencia sobre el Tribunal Constitucional. El juego de recusaciones de magistrados en el que han entrado los partidos políticos en los últimos tiempos no es sino la última muestra visible de cómo se pretende, como hemos indicado ya en este trabajo, lograr en el Tribunal Constitucional la mayoría que no se logra, bien en las urnas, bien en las decisiones en el Congreso de los Diputados. El hecho de pretender “quitarle magistrados al enemigo” de forma tan descarada no puede en absoluto contribuir a dar una imagen al ciudadano de disponer de un Tribunal Constitucional independiente que vela por, entre otras cosas, sus derechos reconocidos en la Constitución.
Igualmente, la difusión de unas imágenes en las que la Vicepresidenta del Gobierno habla en tono agresivo a la Presidenta del Tribunal Constitucional durante el desfile de las Fuerzas Armadas también resta credibilidad a quienes hablan de un Órgano Constitucional ajeno a toda presión política.
Pocos son los que defienden que el Tribunal Constitucional es realmente independiente. Los juristas especializados en Derecho Constitucional, prácticamente. Pérez Royo, Pérez Tremps o Zagrebelsky hablan de un órgano, el Tribunal Constitucional, que no se enmarca exclusivamente en el ámbito del Derecho, sino que tiene un carácter político y, por tanto, es ahí donde consideran comprensible, que no recomendable, que exista cierta presión por parte de la opinión pública y las fuerzas políticas sobre el magistrado constitucional.
Pero ellos, los constitucionalistas y algún que otro político, defienden la integridad de las personas que ocupan los cargos de magistrados. Entienden que su amplia experiencia jurídica es un aval que garantiza que actuarán con la debida diligencia. El hecho de que sean cargos no renovables es otro punto a su favor. Los magistrados están nueve años y, en principio no deben responder ante nadie, una vez elegidos no hay vuelta atrás.
Pero parece ser que los constitucionalistas no dan con todas las soluciones. El Tribunal Constitucional, emulando a la mujer del César, no sólo debe ser independiente, sino que debe parecerlo.
¿Qué se puede hacer para lograr que el Tribunal tenga una mayor independencia? ¿Qué soluciones conceden una mayor confianza en la no interferencia del poder político en el Tribunal Constitucional?
En mi opinión, el número impar de miembros del Tribunal es importante, por la descarga de responsabilidad que supone, como arguye UPD en su programa electoral, para el presidente, liberado así de tener que hacer valer su voto de calidad.
Asimismo, considero básico modificar el sistema de cuotas para la elección de los magistrados. Que no baste con el apoyo de los dos partidos mayoritarios para confirmar a los candidatos.
Por último, creo que es imprescindible un ejercicio de conciencia por parte de los partidos políticos y de los medios de comunicación, en el que se llegue a un consenso para lograr una mayor diligencia a la hora de tratar los asuntos relacionados con el Tribunal Constitucional, de modo que no se pueda frivolizar sobre resultados de resoluciones y, principalmente, que no se haga uso del recurso de inconstitucionalidad sin la debida fundamentación jurídica, sin la convicción de que lo que se recurre es realmente inconstitucional y no sólo una opción que nos desagrada; en definitiva, siendo leales a la Constitución y a la institución encargada de interpretarla y de velar por su cumplimiento.
Antonio Gordillo Fernández de Villavicencio
3 comentarios:
Genial el trabajo!
si te soy sincera no pensaba leerlo entero... pero es q al final me he enganchado! muy claro y con muy buen discurso, consigues q un tema tan arduo se vuelva ameno!
Entrando un poco en la valoración..las posibles soluciones parecen claras y al alcance de la mano (lo mismo es por como tu las has expuesto.. xP) ya el resultado perseguido si me parece más utópico.. En fin, a ver si cuando tu seas presidente puedes arreglar algo..! xP
Antonio, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo, que aunque en un lenguaje actual y alejado de los tecnicismos legales, denota bastante profundidad de análisis. Mi enhorabuena también por tu vuelta a estos derroteros de mayor trascendencia. Un abrazo. PD: Me encantaría que me reimitieses, las respuestas de nuestros legítimos representantes. Un fósforo
primo mi aburrimiento me ha traido hasta aski, la verdad me he leido el post xq estta publicado el dia de mi cumple pero, una vez +, me tengo q quitar el sombrero ante tu iniciativa, tu analisis, tu litertura, etc.
mi opinion sobre el tema (q aunq no este ahora de actulidad es de relevancia permanente), poco formada e improvisa, comparte un punto principal con la tuya: la lacra d las dos españas. Este pais se aleja, cada dia, del espiritu q lograron levantar algunos politicos en el periodo conocido x la transicion. Cada vez estamos mas cerca de un modelo bipartidist y personalista, propio de épocas antiguas de esta nacion (canovas y sagasta x ejempl); el pluralismo politico, necesario para la buena salud de cualquier democracia, se pierde en favor de los intereses -cvasi siempre economicos- de los dos grandes partidos de la españa d hoy. Estos dos partido, en lugar de alejarse d las dos posturas q acabaron desatando el peor enfrentamiento q puede vivr un pueblo, las hacen suyas cada vez mas. Esta involucion arrastra a el resto de poderes del estado, entre ellos el judicial y, en este caso, al TC q es un escenario mas de la disputa de esas dos españa; dos españas q en el 78 queria ser una xo q, al parecer, no es rentable para algunos.
CRACK
Publicar un comentario